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La Presunción de Inocencia
Monday, December 14th, 2009
La presunción de inocencia es el principio de que toda persona que es acusada de un delito se considera inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecido y permanente.
La presunción de inocencia, tal como se entiende en la actualidad, tiene su fundamento en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas que la fórmula de la siguiente manera:
“Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito… ”
Además de la presunción de inocencia, el párrafo primero, basado en los derechos de defensa. El segundo párrafo establece el principio de legalidad de los delitos y las penas.
El derecho en la antigüedad se basaba en lo contrario: el acusado se presumía culpable hasta que se demostraba su inocencia.
La presunción de inocencia es un cambio en la ética de la ley, que considera que es mejor para la salud de la sociedad, que ningún inocente sea condenado injustamente.
Otros artículos precedentes al artículo 11 de la ya citada Declaración Universal de Derechos Humanos, fundamentan las modalidades de la aplicación de la presunción de inocencia. Ellos son:
« Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. »
«Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. »
«Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. »
«Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. »
«Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.»
La presunción de inocencia es un principio cardinal del procedimiento penal, protegido por numerosos textos nacionales e internacionales.
El Estado
Monday, December 14th, 2009El Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad o de un país. Está delimitado por los límites territoriales en los que las leyes se apliquen y se compone de las instituciones a través del cual se ejerce la autoridad y el poder, la legitimidad de esa autoridad se basa en la soberanía.
La palabra “Estado” aparece en las lenguas europeas a la vuelta de los siglos XV y XVI, para describir una forma de organización política que surgió a partir del Renacimiento. De acuerdo con Hannah Arendt, la palabra viene del latín estado rei publicae, que significa “forma de gobierno”.
Nicolás Maquiavelo fue el primero en hacer uso de la palabra stato, en el sentido de “la unidad política de un pueblo que en su doble aspecto, puede sobrevivir a las idas y venidas no sólo de los gobiernos sino también de las formas de gobierno”.
El Estado entendido como país responde a tres componentes: El territorio; la población; y el gobierno.
El territorio es un requisito previo para que la autoridad política se ejerza de manera efectiva. Según Maurice Hauriou: “el Estado es una empresa con una base territorial. La base de la tierra incluye una definición precisa y el concepto de frontera es esencial “
El territorio tiene un papel fundamental porque determina el título y la jurisdicción del Estado. Es en el territorio definido donde las autoridades públicas tienen plenos poderes para imponer obligaciones a los particulares y hacer cumplir la ley.
Así como no se puede tener un estado sin territorio, la población es el conglomerado humano política y jurídicamente organizado que integra el Estado como uno de sus elementos constitutivos. La población desempeña, desde el punto de vista jurídico, un papel doble. Puede, en efecto, ser considerada como objeto o como sujeto de la actividad estatal. En cuanto objeto del imperium, la población es un conjunto de elementos subordinados a la actividad del Estado; como sujetos, los individuos que la forman son miembros de la comunidad política, en un plano de coordinación.
El tercer componente es el gobierno que en sentido general, son las autoridades que rigen, controlan y administran las instituciones del Estado y tiene como misión la gestión política o ejercicio del poder del Estado. En sentido estricto, al órgano al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado le ha asignado la función o poder ejecutivo, y que ejerce el poder político sobre una sociedad.
El Estado de Derecho
Monday, December 14th, 2009Según una antigua definición, el Estado de Derecho es un sistema institucional en el que el poder público está sujeto a la ley. El jurista austríaco Hans Kelsen ha redefinido el concepto de origen alemán (Rechtsstaat) en el siglo XX como un estado en que se da prioridad a las normas jurídicas de manera que se limita el poder estatal.
El imperio de la ley es una situación jurídica, bajo la cual, todo el mundo está sujeto al cumplimiento de la ley. El Estado de Derecho está obligado a respetar la jerarquía de las normas, la separación de poderes y los derechos fundamentales.
La existencia de una jerarquía de las normas es una de las garantías más importantes del Estado de Derecho.
En este contexto, las competencias de los diferentes organismos estatales deben definirse con precisión y las normas que emiten sólo serán válidas si cumplen todas las normas jurídicas superiores.
En la parte superior de esta pirámide se haya la Constitución, seguido por los compromisos internacionales de la ley y los reglamentos. En la base de la pirámide se encuentran las decisiones administrativas o de acuerdos entre las personas de derecho privado.
Este orden jurídico es vinculante para todas las personas jurídicas. Nadie puede desconocer el principio de legalidad bajo conminación de sanciones legales.
La igualdad de los sujetos ante la ley – o isonomía – es la segunda condición del Estado de Derecho. Esto en efecto significa de derechos civiles y políticos de los ciudadanos y reconocimiento de iguales oportunidades ante la ley de cualquier persona natural o jurídica.
El propio Estado se considera una empresa y sus decisiones también están sujetas al principio de legalidad, como otras entidades legales. En este contexto, las limitaciones sobre el Estado son fuertes: sus estatutos y decisiones deben cumplir todas las normas jurídicas de fuerza superior (leyes, convenios internacionales y normas constitucionales), sin derecho a ningún privilegio de jurisdicción ni una excepción a la ley ordinaria.
Las personas físicas y jurídicas pueden impugnar las decisiones de la opinión pública al oponerse a las normas que él mismo había promulgado. Es por ello que el papel de los tribunales es fundamental y su independencia es una necesidad.
El principio del Estado de Derecho supone la existencia de tribunales independientes, competentes para resolver los conflictos entre las diferentes entidades jurídicas que soliciten a la vez el principio de legalidad, que surge de la existencia de jerarquía de las normas y el principio de igualdad, que se opone a cualquier diferencia de trato de las personas jurídicas.
Este modelo implica la existencia de una separación de poderes y un poder judicial independiente. De modo que la justicia pueda garantizar su imparcialidad en la aplicación de las normas jurídicas. Por otra parte, los tribunales deben ser capaces de comparar los diferentes estándares para juzgar su legalidad, incluyendo el caso de las normas con un alto rango en la jerarquía.
El Estado de Derecho es ante todo un modelo teórico. Pero también se ha convertido en una cuestión política, ya que ahora se considera la principal característica de los regímenes democráticos.
Los Derechos de la Mujer
Monday, December 14th, 2009
A pesar de que hace mucho tiempo quedó atrás la sumisión y el servilismo de la mujer al hombre, y que nuestra sociedad moderna exige la observancia plena de los Derechos Humanos sin distinción de sexos, aun en nuestros días la violencia de géneros tiene lugar y continúan existiendo prácticas que fomentan la discriminación de la mujer, a veces de forma activa, otras solapadamente.
La mujer tiene derecho a:
- Recibir educación básica que no sea discriminatoria.
- Recibir servicios de salud de buena calidad, donde se tomen en cuenta las diferencias biológicas.
- A recibir información y educación sexual, que le permitan ejercer su sexualidad responsablemente.
- Decidir por propia elección la maternidad
- No sufrir violencia sexual.
- Que se promuevan, investiguen y castiguen los actos de violencia contra ellas cometidos por cualquier persona, y que no se aluda o se aplique ninguna costumbre, tradición o principio religioso como pretexto para justificar la violencia.
- Recibir un salario justo e igual al que perciben los hombres por el mismo trabajo.
- Contar con horarios laborables justos, con descansos periódicos, vacaciones pagadas, seguros que cubran incapacidades, maternidad y retiros por edad o accidentes laborales.
- Que se reconozca y valore su contribución al desarrollo económico.
10. Participar activamente y de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, la administración pública, los órganos legislativos y los tribunales judiciales.
11. Tomar decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito privado como en el público.
12. Tomar libremente la decisión de contraer matrimonio al tener la edad legal y fundar una familia.
13. Decidir en pareja el número y espaciamiento de sus hijos.
14. Reclamar alimentos para sí y sus hijos menores cuando el padre no cumpla con sus obligaciones familiares, aunque conviviendo en el mismo domicilio.
15. Conservar la patria potestad o custodia legal de los hijos cuando legal o judicialmente se le conceda.
16. Reclamar ante un Juez Civil el reconocimiento de la paternidad cuando el padre de un hijo suyo se niegue a reconocerlo.
17. Solicitar el divorcio si así lo decidiese.
18. Tratar de común acuerdo con la pareja todos los asuntos de índole familiar.
La mujer que considere que alguno de sus derechos ha sido quebrantado puede denunciar todos los ilícitos cometidos en su perjuicio ante los tribunales. Los derechos de la mujer se encuentran consagrados en las Constituciones, leyes y tratados internacionales, pero para poder ejercerlos y defenderlos, debe primeramente conocerlos. Los Derechos Humanos refrendan la igualdad y la dignidad y suponen la inexistencia de diferencias entre los géneros.
La Pena de Muerte
Monday, December 14th, 2009
La pena de muerte o pena capital es un castigo previsto por la ley que consiste en provocar la muerte de una persona culpable de un delito; los delitos a los cuales se aplica esta sanción se denominan crímenes o delitos capitales. Esta sanción se decide previa celebración de un juicio. En ausencia de este juicio, estaríamos hablando de ejecuciones sumarias, actos de venganza o de justicia privada.
La pena capital está recogida en la legislación de casi 100 países. Se trata de la sanción más grave reconocida por instituciones internacionales como las Naciones Unidas (ONU).
El 18 de diciembre de 2008, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 62/149 cuyo objetivo era solicitar una moratoria de las ejecuciones. Esta resolución (al igual que otras resoluciones de la ONU) no es vinculante, pero puede ser visto como una señal de que la mayoría de los estados quiere impugnar la pena de muerte. Sin embargo, 8 de los 10 países más poblados votaron en contra.
La pena de muerte la más antigua de las sanciones penales y ha estado presente en textos jurídicos como el Código de Hammurabi, el más antiguo de los textos jurídicos. Además, sus huellas se han encontrado en muchas civilizaciones a través de la historia. Los mesopotámicos, los antiguos griegos, los romanos y los hombres medievales, todos aplicaban la pena de muerte, y aun en el siglo XXI, la pena de muerte no ha desaparecido y tiene muchos partidarios.
Algunas legislaciones otorgan un carácter excepcional al uso de esta y sólo la aplican por el tribunal en los casos más graves de comisión de los delitos para los que se halla establecida. Otras prevén límites para la misma, por ejemplo, algunos Estados establecen que no puede imponerse esta sanción a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando embarazadas o que lo estén al momento de dictarse la sentencia.
Salvo en los pocos países donde la aplicación de la pena de muerte es automática (Irán, Singapur o Malasia), la etapa del juicio es muy importante porque determina si el acusado debe ser condenado a muerte o no.
En 30 estados de los EE.UU. de los 35 que permiten la pena de muerte sólo puede imponerse el veredicto mediante un jurado de doce personas. En la mayoría de estos estados, se impone pena de prisión si el jurado no logra unanimidad y la pena de muerte se excluye definitivamente.
Otros países que aplican la pena de muerte son principalmente los países de tradición de los derechos civiles, en éstos, son jueces profesionales los que deciden la sentencia y lo hacen siempre y cuando la mayoría se pronuncie a favor. En China, La India, Indonesia y Japón, esta decisión se delega a un panel de tres jueces.
La mayoría de los países que regulan en sus ordenamientos esta sanción prevén un proceso de apelación sobre el fondo para volver a enjuiciar al acusado en las mismas condiciones que concurrieron durante el juicio ordinario, esta vez con la esperanza de obtener una sentencia menor.
Este recurso sólo se permite una vez, y sólo en los países de derecho civil (por ejemplo, se excluye en los Estados Unidos).
Una vez impuesta la medida de manera definitiva la ejecución se realiza mediante métodos diversos: la cámara de gas, las ejecuciones por inyección letal, el fusilamiento). Según el criterio general, alguno de estos métodos tienden a reducir el sufrimiento del condenado.
Por ejemplo la inyección letal de tiopental sódico (o cualquier otro barbitúrico) se utiliza para hacer a los condenados inconsciente, por lo que no sienten el dolor causado por los otros dos productos que siguen destinados a paralizar el movimiento muscular y que conducen a un paro cardíaco.
Contrario a ellos se encuentran los métodos que no están diseñados para reducir el sufrimiento y se utilizan principalmente en los países de la ley islámica (la lapidación, el ahorcamiento, la estrangulación y la espada de la decapitación).
La silla eléctrica y la cámara de gas están aún en vigor en algunos estados de los EE.UU. cuando y sólo cuando sea requerido por los condenados.
