El Estado de Derecho
Según una antigua definición, el Estado de Derecho es un sistema institucional en el que el poder público está sujeto a la ley. El jurista austríaco Hans Kelsen ha redefinido el concepto de origen alemán (Rechtsstaat) en el siglo XX como un estado en que se da prioridad a las normas jurídicas de manera que se limita el poder estatal.
El imperio de la ley es una situación jurídica, bajo la cual, todo el mundo está sujeto al cumplimiento de la ley. El Estado de Derecho está obligado a respetar la jerarquía de las normas, la separación de poderes y los derechos fundamentales.
La existencia de una jerarquía de las normas es una de las garantías más importantes del Estado de Derecho.
En este contexto, las competencias de los diferentes organismos estatales deben definirse con precisión y las normas que emiten sólo serán válidas si cumplen todas las normas jurídicas superiores.
En la parte superior de esta pirámide se haya la Constitución, seguido por los compromisos internacionales de la ley y los reglamentos. En la base de la pirámide se encuentran las decisiones administrativas o de acuerdos entre las personas de derecho privado.
Este orden jurídico es vinculante para todas las personas jurídicas. Nadie puede desconocer el principio de legalidad bajo conminación de sanciones legales.
La igualdad de los sujetos ante la ley – o isonomía – es la segunda condición del Estado de Derecho. Esto en efecto significa de derechos civiles y políticos de los ciudadanos y reconocimiento de iguales oportunidades ante la ley de cualquier persona natural o jurídica.
El propio Estado se considera una empresa y sus decisiones también están sujetas al principio de legalidad, como otras entidades legales. En este contexto, las limitaciones sobre el Estado son fuertes: sus estatutos y decisiones deben cumplir todas las normas jurídicas de fuerza superior (leyes, convenios internacionales y normas constitucionales), sin derecho a ningún privilegio de jurisdicción ni una excepción a la ley ordinaria.
Las personas físicas y jurídicas pueden impugnar las decisiones de la opinión pública al oponerse a las normas que él mismo había promulgado. Es por ello que el papel de los tribunales es fundamental y su independencia es una necesidad.
El principio del Estado de Derecho supone la existencia de tribunales independientes, competentes para resolver los conflictos entre las diferentes entidades jurídicas que soliciten a la vez el principio de legalidad, que surge de la existencia de jerarquía de las normas y el principio de igualdad, que se opone a cualquier diferencia de trato de las personas jurídicas.
Este modelo implica la existencia de una separación de poderes y un poder judicial independiente. De modo que la justicia pueda garantizar su imparcialidad en la aplicación de las normas jurídicas. Por otra parte, los tribunales deben ser capaces de comparar los diferentes estándares para juzgar su legalidad, incluyendo el caso de las normas con un alto rango en la jerarquía.
El Estado de Derecho es ante todo un modelo teórico. Pero también se ha convertido en una cuestión política, ya que ahora se considera la principal característica de los regímenes democráticos.
